El presidente Ricardo Martinelli dijo el pasado 2 de enero que estaba pensando presentar una ley para que los empresarios que no pagan sus impuestos vayan a la cárcel.
 
El vicepresidente de la Asamblea, Marcos González, le tomó la palabra y presentó dicha iniciativa para castigar con pena de cárcel de 2 a 4 años la evasión fiscal.

 
González afirmó que ya es hora de que los empresarios “ladrones y evasores” paguen con prisión un delito que consiste en robarle al Estado por medio del no pago de los tributos.
 
El proyecto de ley tipifica como defraudación fiscal declarar ante las autoridades ingresos o utilidades menores a los realmente obtenidos o hacer deducciones falsas en las declaraciones presentadas para fines fiscales.
 
También se entiende como delito fiscal no entregar a la autoridad fiscal las cantidades retenidas en concepto de impuestos, abstenerse de proporcionar los datos para la determinación de la renta gravable, llevar dos o más libros con distinto asiento, destruir información fiscal que sirva para verificación del pago del impuesto respectivo y alterar el orden de los folios en los libros de contabilidad.